La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha decidido mantener sin cambios las notas de las comunidades autónomas y no trasladar la subida del rating de España en un escalón, hasta ‘BBB+’, a las calificaciones de las autonomías por las limitaciones que representa su debilidad fiscal.

«El débil comportamiento fiscal y las perspectivas están limitando los ratings de las comunidades autónomas españolas, a pesar de la mejora en el perfil de crédito soberano de España», explica la agencia, que señala en particular que el balance corriente negativo pone de relieve los desequilibrios estructurales de algunas regiones.

Fitch explica que para que eleve los ratings de las comunidades autónomas debería registrarse una mejora «sostenida» de sus fundamentos crediticios o un incremento del rating mínimo que la agencia otorga a las autonomías por el apoyo del Estado, actualmente en ‘BBB-‘, algo improbable dada la ausencia de cambios en los mecanismos estatales que aportan apoyo a los gobiernos regionales.

En su opinión, los resultados preliminares del pasado año muestran un «débil, aunque mejorando», comportamiento operativo de las regiones españolas. Así, el gasto operativo superó los ingresos operativos por cuarto año consecutivo y el balance por cuenta corriente siguió siendo negativo.

En este sentido, añade que es un «problema estructural» para muchas autonomías que sólo puedan devolver su deuda emitiendo nueva deuda y cree que nuevos recortes del gasto pueden ser complicados sin reformas en áreas como la sanidad y el gasto público.

Sin embargo, a pesar de su recurrente debilidad, Fitch piensa que la mejora registrada hasta la fecha está en línea con las expectativas del Gobierno central, quien, por lo tanto, seguirá dispuesto a aportar liquidez a las autonomías en caso de que así lo necesiten.

Asimismo, subraya que, aunque no se ha aplicado de forma tan rigurosa como se esperaba, la Ley de Estabilidad Presupuestaria supone un «mecanismo útil» para ayudar a las regiones a cumplir los objetivos marcados por el Gobierno central.

Seis comunidades autónomas tienen actualmente el rating mínimo otorgado por la agencia, mientras que otras cuatro tienen una nota ‘BBB’. En estas últimas, la agencia considera que no se han registrado mejoras estructurales en su comportamiento financiero y «no se espera en un futuro cercano».