El Banco Central Europeo (BCE) considera «desproporcionada» limitar a 1.000€ el límite de pagos en efectivo en la que interviene como una de las partes una empresa o un profesional.

Esta ley entró en vigor en julio de 2021 y el BCE advierte que provoca un impacto «adverso e indeseable» en el estado de curso legal de los billetes en Euros.

No es la primera vez que Europa ve «desproporcionado» una ley española como las sanciones del modelo 720 y que el Gobierno ha tenido que cambiar (ver aquí).

Adicionalmente, el BCE apunta que limitar a 10.000 euros el pago de los no residentes es discriminatorio.

Además, ve «excesivo» las multas del 25% de importe pagado, y que «los estados miembros deben velar porque las medidas adoptadas se ajusten al principio de proporcionalidad».

Señala que el Gobierno no ha proporcionado pruebas claras de que establecer ese límite vaya a conseguir el fin buscado y ni siquiera ha indicado si se podría adoptar otras medidas alternativas con un impacto menos adverso.

Además, la medida es mucho más restrictiva  que la fijada por el Parlamento Europeo en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, que fija un límite de pago en efectivo a escala de la Unión de 10.000 euros.

El «uso del efectivo es legítimo» y es «especialmente importante para determinados grupos de la sociedad», recuerda el BCE, subrayando que «facilitan la inclusión de toda la población en la economía» y suponen un método de pago fundamental para las personas mayores, los inmigrantes, los discapacitados, y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales.

¿Cómo son los límites?

Se limita el uso de más 1.000€ en efectivo para pago en el que interviene una de las partes, una empresa o profesional.

Sólo los pagos entre particulares o entre particulares y entidades financieras seguirán sin límites.

La sanción consistirá en multa del 25% de la cantidad pagada en efectivo. Tanto el pagador como el que recibe el pago responden solidariamente de la infracción.

Se exonera de responsabilidad a la parte que denuncie la operación en el plazo de 3 meses desde la fecha de pago.

La presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.