El rescate bancario de Chipre y la quita de los depósitos bancarios no garantizados, dejan una factura muy abultada en la confianza de los ahorradores.
En tan sólo 7 meses los bancos de la isla han perdido el 24,3% de sus depósitos bancarios, que supone el 65% del PIB del país, cuya economía depende, en gran medida, del sector bancario.
¿Cómo fue el rescate?
El Eurogrupo puso un rescate de 10.000 millones de euros, a condición de que Chipre pusiera otros 7.000 millones de euros.
Esos 7.000 millones salieron de la quita del 47% de los depósitos no garantizados. Aquellos depósitos que superasen los 100.000 euros por persona y entidad no cubierto por el FGD.
Durante los días previos al rescate hubo un corralito que duró 13 días para evitar al fuga masiva de dinero del país y evitar el colapso de su sistema financiero.
¿Y la fuga de depósitos?
Tras lo sucedido, el miedo y la indignación de los ahorradores han provocado la huida masiva de dinero al extranjero, sobre todo de los grandes inversores (especialmente rusos) que habían depositado su dinero en la isla atraído por sus bajos impuestos y los altos tipos de interés de sus cuentas de ahorro y depósitos bancarios.
En concreto, según datos del Banco Central Europeo (BCE), los depósitos de familias y empresas en bancos chipriotas sumaban el pasado mes de julio un total de 36.662 millones de euros, por lo que en apenas siete meses la fuga de depósitos del país alcanzó los 11.766 millones.
¿Qué medidas han tomado para que no vuelva a ocurrir lo de Chipre?
Desde la crisis de Chipre la UE ha fijado una directiva en la que se establece una orden de prelación para las quitas en caso de un nuevo rescata bancario:
- Capital: Cuotas participativas y acciones.
- Deuda junior: Participaciones preferentes, deuda subordinada…
- Deuda senior y depósitos no garantizados de grandes empresas
- Depósitos de más de 100.000 euros que no pertenezcan a pymes o particulares
- Depósitos de más de 100.000 euros de pymes y particulares
- Cédulas hipotecarias.
Además, la nueva directa obligará a los bancos a presentar un plan sólido de reestructuración o liquidación y a recurrir a los accionistas y tenedores de deuda júnior antes de solicitar inyecciones de capital del Estado o medidas de protección de activos.
De esta manera se impedirá inyectar dinero público en bancos sin viabilidad futura, en tal caso se procederá a la liquidación de dicha entidad aún en contra de la opinión del Gobierno del país miembro al que pertenezca dicha entidad.
¿Qué significa todo esto?
Para los ahorradores es una buena noticia, ya que deja claro que se garantiza los depósitos de hasta 100.000 euros por entidad y persona cubiertos por el FGD.
Los depósitos de particulares y pymes que superen los 100.000 euros tienen una garantía adicional, ya que ante la posible quiebra/rescate de dicha entidad, no tendrán que asumir pérdidas hasta que no lo hagan los accionistas, preferentistas, bonistas y todos los depositantes que no sean particulares y pymes.
